En febrero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) luego de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. La CPI los acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza, lo que llevó a la administración Trump a calificar la investigación como “ilegítima” y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y su aliado.
La orden ejecutiva establece sanciones económicas y restricciones de visado para los funcionarios de la CPI involucrados en estas investigaciones. Además, Trump declaró una emergencia nacional argumentando que el tribunal estaba excediendo su autoridad y afectando la soberanía estadounidense. No es la primera vez que toma esta medida; en 2020, impuso sanciones similares contra la fiscal Fatou Bensouda cuando la CPI investigó presuntos crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán.
La comunidad internacional reaccionó con rechazo. Setenta y nueve países firmaron una declaración de apoyo a la CPI, defendiendo su independencia y su papel en la justicia internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional condenaron la decisión, señalando que intenta debilitar el sistema de justicia global y podría incentivar la impunidad en casos de crímenes de guerra.
Este conflicto reaviva el debate sobre el papel de Estados Unidos frente a los organismos internacionales de justicia. Mientras la administración Trump insiste en que la CPI no tiene jurisdicción sobre su país ni sus aliados, el tribunal y sus defensores sostienen que la justicia internacional no puede depender de decisiones políticas.